¿Es ilegal la reducción del cinco por ciento del salario de los funcionarios?

Por Ceferino L. Maestú.

Una de las medidas adoptadas por el Gobierno para reducir el déficit público fue rebajar el salario, en un 5%, a casi todos los funcionarios, desde el pasado 27 de junio de 2010.

Ahora resulta que Doña María Dolores de los Ríos Anderez, juez del tribunal Nº 5 del Juzgado de Pontevedra, de lo Contencioso-Administrativo, sostiene que la medida vulnera 5 artículos de la Constitución por lo que ha elevado la causa al Tribunal Constitucional.

Los cinco artículos a que se refiere el auto judicial son el 14, el 31, el 33.3, el 37.1 y el 86.1. Razones alegadas: que la medida es discriminatoria ya que no afecta a todos los funcionarios por igual; que configura el recorte como una norma fiscal de alcance progresivo y casi confiscatorio; porque recorta derechos económicos adquiridos del funcionariado público; porque incide en el derecho a la negociación colectiva laboral violando el acuerdo concertado seis meses antes con los sindicatos y porque la utilización del decreto para imponerlo no es correcta ya que no encuentra las circunstancias requeridas legalmente de carácter extraordinario y urgente necesidad, y el Gobierno ya había sido advertido por la Unión Europea cuando negoció con su personal un incremento del 0,3% de los salarios.

Textualmente la juez dice:

-“Ha sido el propio Gobierno español quien, con su pasividad, improvisación y su política de gasto, ha desencadenado una situación que, ahora, pretende enmascarar como de urgente necesidad y la urgencia está reñida con las situaciones que resultan previsibles…

“El acto político de recurrir las retribuciones de los empleados públicos en general y del personal estatutario en particular, a través de la vía del decreto-ley solo puede ser calificado de un acto ilícito, por mala fe, al ser contrario a los propios actos, y por oportunismo, por no obedecer su adopción, por esta vía, a intereses generales…”

Ahora habrá que ver qué pasa en el Tribunal Constitucional porque, si se acepta la ilegalidad que aduce la juez, tendrá el Gobierno que pagar el 5% deducido y serán unos cuantos millones que no sé si el Ministerio de Hacienda tendrá dinero suficiente para ello.

En fin, resulta más que curioso que la reclamación no la han hecho ni Comisiones, afín a Izquierda Unida, ni CSIF, cercana al Partido Popular, ni la UGT, tan próxima al PSOE y al Gobierno.

El mérito ha sido de la Confederación Estatal de Sindicatos médicos, organización estrictamente profesional y, por tanto, independientemente mi felicitación.

Hispaniainfo.